El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional, por mayoría, la Ley 31131 que disponía la incorporación de los trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a los regímenes laborales 276 y 728.
La norma prohibía la contratación de personal CAS. Además, para quienes estaban contratados bajo esa modalidad les otorgaba el carácter de indefinidos, y deberían pasar a los regímenes de la actividad privada en el Estado o al de la carrera pública tradicional.
El gobierno del presidente Francisco Sagasti presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC sobre la mencionada ley, argumentando que afecta la política laboral y de servicio civil del Estado.
Por su parte, la actual gestión de Pedro Castillo decidió retirar la acción de inconstitucionalidad de la anterior administración. Sin embargo, la demanda debía seguir su curso en el TC.