El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que desde marzo hasta diciembre, en la coyuntura por el coronavirus, suspendió 5.560 mil líneas fijas y de celular por llamadas malintencionadas a las centrales de emergencias habilitadas para dar atención a los ciudadanos durante la pandemia del COVID-19.
En un comunicado, el MTC detalló que la suspensión temporal del servicio incluye el tráfico saliente de voz y datos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 026-2020.
“Las comunicaciones malintencionadas obstaculizan el correcto funcionamiento de las centrales de emergencias, poniendo en peligro la vida y la salud de las personas, especialmente durante el estado de emergencia sanitaria en el que nos encontramos”, indicó el director general de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, Ángel Paz.
El MTC indicó que, de acuerdo con los reportes, la mayor cantidad de llamadas falsas se dio hacia las centrales de emergencia 105 de la Policía Nacional, 107 de COVID EsSalud y 117 de Sistema de transporte asistido de emergencia. De igual manera, estas llamadas fueron dirigidas a las centrales 115 del Indeci, 113 de Infosalud Minsa y al 106 del SAMU.
Por ello advirtió que, durante el 2021, se continuará con los procesos sancionadores y se notificará a los usuarios que incurrieron en esta infracción durante el año pasado. Los expedientes se encuentran en fase de instrucción.
Paz pidió a las centrales de emergencia continuar reportando estos hechos con el fin de sancionar a los responsables y evitar la saturación innecesaria de las líneas.
“Los números de emergencia no son un juego. Exhortamos a los ciudadanos que tomen conciencia y actúen con mayor responsabilidad, toda vez que desde el MTC seguiremos realizando acciones para evitar este tipo de conductas a través de la campaña ‘Libera una línea, salva una vida’”, expresó el funcionario.
Sanción
A fin de reducir el índice de llamadas perniciosas, el Ejecutivo modificó el reglamento del Decreto Legislativo N° 1277 que sanciona la realización de comunicaciones malintencionadas.
La modificación contempla la cancelación definitiva de los servicios de telefonía y datos de internet, así como la imposición de multas de hasta S/ 17.200, dependiendo la gravedad y reincidencia de la falta.