El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, en lo que va del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus (COVID-19), se han suspendido un total de 3,052 líneas fijas y de celular por realizar llamadas malintencionadas a las centrales habilitadas para dar atención a los ciudadanos.
A través de un comunicado, el MTC detalló que el cese temporal del servicio implica que no se podrá realizar llamadas ni utilizar sus datos por 30 días calendario, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 026-2020.
“Los números de emergencia no son un juego, por ello exhortamos a que los ciudadanos tomen conciencia y actúen con mayor responsabilidad, sobre todo en el contexto actual en el que nos encontramos por la pandemia del COVID-19”, expresó Ángel Paz, director general de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del MTC.
-Perjudicados-
Además, el sector remarcó que la central 105 de la Policía Nacional del Perú y la línea 117 de la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias (CRUEN) de EsSalud fueron las más perjudicadas con este tipo de llamadas irresponsables.
De igual manera, las centrales 115 de INDECI, 113 de Infosalud Minsa, 107 de EsSalud y el 106 SAMU también fueron afectadas por estos actos inescrupulosos.
En ese sentido, el funcionario del MTC pidió a las centrales de emergencia continuar reportando estos hechos con el fin de sancionar eficazmente a los responsables y evitar la saturación innecesaria de las líneas.
“Reducir las comunicaciones malintencionadas depende de todos. Por ello exhortamos a las instituciones que tienen a su cargo las diferentes centrales a reportar este tipo de faltas, de lo contrario poco o nada puede hacer el sector y las empresas operadoras”, enfatizó Paz.
-Sanciones-
A fin de reducir el índice de llamadas perniciosas, el MTC planteó dictar medidas sancionadoras más severas para los titulares de las líneas desde las cuales se cometa esta falta.
La propuesta contempla la cancelación definitiva de los servicios de telefonía y datos de internet, así como la imposición de multas de hasta S/17,200, dependiendo de la gravedad y reincidencia de la falta.