Proyecto de Ley N.º 6486/2020-CR plantea vías de integración entre Pucallpa (Perú) y Cruzeiro Do Sul (Brasil). Foto: GEC
Proyecto de Ley N.º 6486/2020-CR plantea vías de integración entre Pucallpa (Perú) y Cruzeiro Do Sul (Brasil). Foto: GEC

La Defensoría del Pueblo solicita al Poder Ejecutivo observar el , que plantea vías de integración entre Pucallpa (Perú) y Cruzeiro Do Sul (Brasil), ya que no se han considerado los grandes impactos que la obra podría causar en la salud y vida de las poblaciones indígenas en situación de aislamiento que habitan y recorren territorios fronterizos entre ambos países.

La entidad explicó que no se ha identificado los graves impactos que la habilitación de vías podría causar principalmente en la Reserva Indígena Isconahua, quienes son altamente vulnerables. Tampoco se han advertido las afectaciones que se producirían en el Parque Nacional Sierra del Divisor y en las miles de hectáreas de bosques vírgenes que se encuentran ubicados a lo largo de la frontera, cuyos territorios se caracterizan por albergar una de las más altas concentraciones de especies del planeta.

A criterio de la institución, la Comisión de Transportes y Comunicaciones y el Pleno del Congreso no consideraron que la habilitación de dichas vías incrementaría la realización de actividades ilícitas dentro de territorios de comunidades nativas, tal como ha ocurrido en Madre de Dios, donde se ha intensificado la minería ilegal y el narcotráfico”, sostiene la entidad en un .

Por ello, la Defensoría recordó que el Estado tiene el deber de protegerlos, garantizar el principio de no contacto y desarrollar prioritariamente acciones y políticas preventivas que respeten su decisión sobre la forma y el proceso de relación con el resto de la sociedad nacional.

“La Defensoría reconoce la importancia de promover el desarrollo económico, siempre y cuando este se realice considerando alternativas compatibles con el desarrollo sostenible y la garantía de derechos”, puntualizó la entidad.

Proyecto

En el mes de marzo, la Defensoría advirtió a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República que el referido proyecto carecía de argumentos técnicos y legales y no garantizaba el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, ni tampoco la conservación de los bosques amazónicos y del área natural protegida Parque Nacional Sierra del Divisor.